Una auditoría interna del Gobierno de José Antonio Kast ha levantado ocho alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales durante la administración anterior de Gabriel Boric, aunque sin confirmar irregularidades. El informe, recibido por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, destaca patrones que requieren revisión exhaustiva, como transferencias de más de US$ 140 millones a entidades con menos de un año de antigüedad y más de 65.000 adquisiciones mediante ‘Compra Ágil’ con posibles fragmentaciones.
Entre los hallazgos clave figuran la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas de servicios a finales de 2025, más de 1.000 contratos con compromisos fiscales a mediano y largo plazo suscritos entre julio de 2025 y febrero de 2026, y convenios terminados con más de US$ 50 millones no rendidos. También se identificaron cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes y traspasos masivos de personal a contrata en los meses finales del período. Estas alertas impactan directamente en la transparencia y eficiencia del gasto público, generando preocupación sobre posibles desvíos de recursos y prácticas administrativas cuestionables. El riesgo fiscal asociado podría afectar la confianza en la gestión gubernamental y exigir ajustes en políticas de contratación y control presupuestario.
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal ahora debe profundizar en cada señal para determinar si hubo malas prácticas, lo que podría derivar en medidas correctivas y cambios regulatorios para futuras administraciones.
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