Una denuncia anónima en manos de la Fiscalía de Valparaíso acusa a la senadora Camila Flores (RN) de haberse apropiado indebidamente de remuneraciones de sus asesores durante su período como diputada (2018-2026). El supuesto mecanismo, apodado ‘cuota Flores’ por los propios colaboradores, involucraba sueldos abultados que mensualmente eran devueltos en efectivo a la parlamentaria. Este caso revive una antigua mala práctica que entre 2009 y 2015 tuvo a más de la mitad de los legisladores bajo investigación. La senadora Flores respondió que ‘no me voy a dejar amedrentar’ y enfrenta la situación ‘con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar’, mientras su abogado Luis Masferrer anunció acciones judiciales. El problema central radica en el uso irregular de las asignaciones parlamentarias, fondos públicos destinados a gastos operativos que históricamente fueron tratados como patrimonio personal por muchos legisladores, derivando en casos como Asignaciones Parlamentarias y Corpesca. Lo paradójico es que este fantasma resurge pese a que hace más de 15 años funciona una nueva institucionalidad creada precisamente para prevenir estas irregularidades, que le cuesta al Congreso más de $1.700 millones anuales.
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