Una encuesta de Cadem expone una presión ciudadana clara sobre el gobierno para endurecer las medidas contra la violencia en los colegios, con un apoyo abrumador que podría acelerar la tramitación del proyecto ‘Escuelas protegidas’ en el Congreso. El sondeo, aplicado a 1.003 personas, muestra que el 75% de los consultados respalda que estudiantes involucrados en hechos violentos pierdan el acceso a la gratuidad universitaria, una sanción que toca directamente un beneficio clave para miles de jóvenes. El respaldo ciudadano se extiende a otras medidas punitivas: un 88% está a favor de sancionar o expulsar a los alumnos implicados, mismo porcentaje que aprueba la instalación de cámaras de seguridad. Además, un 87% apoya aumentar las penas por delitos cerca de colegios y un 83% respalda restringir el uso de capuchas. El proyecto gubernamental ‘Escuelas protegidas’, que incluye detectores de metales y más atribuciones para docentes, cuenta con un 70% de acuerdo, aunque el estudio advierte que varias iniciativas han registrado una leve baja en su apoyo comparado con la medición anterior del 1 de abril. Estos datos reflejan una demanda social por seguridad en el entorno educativo que trasciende lo policial y llega a consecuencias académicas y económicas para los estudiantes.
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