La Tesorería General de la República ha iniciado un proceso de cobro masivo a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), generando una presión sin precedentes sobre miles de exestudiantes. En las primeras jornadas de esta ofensiva recaudatoria, el organismo ha logrado captar un promedio de $1.500 millones diarios, una cifra que refleja la intensidad de la campaña. Este despliegue ha provocado el regreso de las filas en sus oficinas y un aumento significativo en las atenciones, superando los niveles normales. El proceso no solo se limita a la persuasión administrativa. Para forzar el pago, la Tesorería ha interpuesto 68 mil demandas judiciales de cobro contra los morosos, marcando una escalada legal en la recuperación de la deuda. El monto total adeudado por el CAE es monumental: alcanza los $4 billones, una cifra proyectada para el año 2025 que subraya la magnitud del problema crediticio en el sistema de educación superior. Esta ofensiva tiene un impacto directo y severo en la vida financiera de los deudores. Las demandas judiciales pueden derivar en embargos, inhibiciones para obtener otros créditos y el registro en sistemas de morosidad, afectando su capacidad de acceso a servicios financieros y bienes.
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