La Contraloría General de la República puso al gobierno del Presidente José Antonio Kast contra las cuerdas al otorgarle un plazo perentorio de 10 días hábiles para que explique los protocolos sanitarios que se aplicaron durante la polémica entrega de almuerzos por parte de la primera dama, María Pía Adriasola, en La Moneda. El requerimiento formal surge tras una denuncia presentada por diputados del Partido Socialista, quienes cuestionan si se respetaron las normas básicas de manipulación de alimentos durante el acto, ocurrido apenas un día después de la asunción presidencial. El oficio, emitido por la División Jurídica de la Contraloría, fue dirigido a la Dirección Administrativa de la Presidencia y se basa en la presentación del diputado Daniel Manouchehri Lobos, respaldado por los también parlamentarios Daniela Cicardini y Juan Santana. El texto exige que el informe sea preparado con intervención de la asesoría jurídica del gobierno y que se adjunten todos los antecedentes necesarios para resolver la denuncia, la cual alega incumplimientos en el uso de guantes, mascarilla y cubre pelo durante el servicio de alimentos. El caso trasciende la anécdota y pone bajo escrutinio la aplicación de normas sanitarias en el corazón del poder ejecutivo, en un contexto donde la primera dama ha asumido un rol protagónico que ya genera incomodidad dentro de La Moneda.
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