El gobierno de José Antonio Kast da un paso decisivo para blindar la probidad pública: extiende los controles antidrogas de forma permanente a todo su alto mando. Lo que comenzó en enero como un requisito para ingresar al gabinete se transforma ahora en una política de Estado, con exámenes periódicos que alcanzarán a ministros, subsecretarios y asesores durante las próximas semanas. La medida busca erradicar cualquier funcionario que no cumpla con los estándares requeridos, combinando estas pruebas con revisiones de antecedentes. La decisión formaliza y amplía un instructivo de la Contraloría que vincula los test con otras obligaciones de probidad, como las declaraciones de patrimonio e intereses. Desde el oficialismo, el diputado Juan Carlos Beltrán (Renovación Nacional) valora la iniciativa como una señal de transparencia para fortalecer la confianza ciudadana. En la oposición, figuras como el diputado Cristián Tapia (PPD) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) también la respaldan, aunque piden que se extienda a todas las autoridades. El analista político Rodrigo Meléndez, del Instituto Res Pública, advierte que la medida no es solo simbólica: experiencias en países como México y Ecuador muestran los riesgos de no actuar a tiempo frente al avance del narcotráfico.
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