El Gobierno chileno retiró de la Contraloría General de la República un decreto que modificaba el reglamento de la Ley Karin, generando una tensión política inmediata sobre la protección contra el acoso y la violencia laboral. La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) denunció en redes sociales que se trataba de un «gravísimo retroceso» que debilitaba la protección a las víctimas, justo antes de la aplicación plena de la ley. El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que la ley «sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación», argumentando que se está revisando un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior. El objetivo, según Rosende, es asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas, recogiendo la experiencia de trabajadores, empleadores y otras organizaciones. La Ley Karin, que establece protocolos obligatorios contra el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, entró en vigencia hace menos de dos años y es considerada un avance positivo para la salud mental y dignidad de los trabajadores. Héctor Ulloa, subjefe de la bancada PPD-Independientes, advirtió que apoyarán perfeccionamientos que aceleren procesos y reduzcan la revictimización, pero no permitirán modificaciones que debiliten la protección a las víctimas.
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