La Contraloría General de la República activó un cerco normativo sobre el gobierno de José Antonio Kast, enviando un instructivo formal que endurece las reglas de probidad para todo su gabinete. El documento IN14/2026, fechado el 27 de marzo y emitido bajo la dirección de Dorothy Pérez, establece exigencias estrictas que van más allá de simples recomendaciones, reforzando el deber de abstención incluso ante conflictos de interés «potenciales» y advirtiendo explícitamente sobre sanciones. El instructivo impone controles permanentes sobre declaraciones patrimoniales, límites al lobby, restricciones a la actividad política y hasta la obligación de someterse a pruebas de drogas periódicas con resultados públicos. Los ministros deben presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio dentro de 30 días desde su nombramiento y actualizarla anualmente, con multas de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales por incumplimiento. El riesgo escala: si el incumplimiento supera los cuatro meses, se considera falta grave a la probidad y puede dar lugar a la destitución. Esta intervención marca un control sin precedentes sobre el actuar ministerial, estableciendo que toda gestión de lobby debe quedar registrada y publicada, y que los ministros deben desprenderse de participaciones en empresas vinculadas a su ámbito de decisión o delegar su administración.
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