El Parlamento israelí ha dado luz verde a una polémica reforma legal que permite aplicar la pena de muerte por ahorcamiento a personas condenadas por asesinatos terroristas, una medida que organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará de forma discriminatoria contra palestinos, mientras que ciudadanos judíos israelíes tendrían más opciones para evitar la máxima sanción. La ley, aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra en la Knéset, obliga a los tribunales militares israelíes a imponer esta pena a palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes pueden optar por cadena perpetua y enfrentan condiciones más estrictas para aplicar la pena capital. La votación contó con la presencia y apoyo del primer ministro Benjamín Netanyahu, y fue promovida por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, descrito en el texto como ultranacionalista y supremacista judío. Tras la aprobación, Ben Gvir intentó celebrar con champán, pero un ujier se lo impidió, en un momento seguido por un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv, aunque el artículo no detalla una conexión directa entre ambos eventos.
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