La muerte del cabo segundo Carlos Palacios Muñoz en Punta Arenas ha desatado una crisis institucional en el Ejército de Chile, tras revelarse que la actividad donde falleció no contaba con autorización de los mandos. El joven de 25 años, que llevaba solo dos semanas en la 4ta Brigada Acorazada ‘Chorrillos’, murió por asfixia por sumersión el 4 de marzo, según confirmó el Servicio Médico Legal. La institución militar inició de inmediato una investigación sumaria administrativa para esclarecer los hechos, mientras la Justicia Militar también investiga el caso, con dos detenidos: un capitán y un suboficial. El Ejército emitió un comunicado reconociendo que la actividad no estuvo autorizada, comprometiéndose a establecer responsabilidades y aplicar medidas disciplinarias. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el comandante en jefe, gral. Javier Iturriaga, han sido informados, destacando la urgencia de clarificar lo ocurrido. Paralelamente, la familia del cabo ha acusado públicamente malos tratos, con su madre exigiendo justicia y cuestionando la custodia del Ejército sobre su hijo. Este incidente pone en tela de juicio los protocolos de seguridad y supervisión dentro de las unidades militares, especialmente en actividades no autorizadas que derivan en tragedias.
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