La salida del fiscal Eduardo Ríos del Ministerio Público no es una renuncia ordinaria: es un golpe interno que expone tensiones profundas en la investigación del emblemático caso ProCultura, justo cuando la institución enfrenta revés judiciales clave. Ríos, quien lideraba la pesquisa en Antofagasta, envió una carta al fiscal nacional Ángel Valencia para dejar su cargo, tras denunciar en diciembre de 2025 al fiscal regional Juan Castro Bekios por maltrato laboral y un patrón de hostigamiento que incluyó aislamiento y control clandestino. En su denuncia, a la que accedió Reportajes T13, Ríos detalló que Castro Bekios habría solicitado informes sobre ProCultura a sus espaldas, lo que interpretó como una forma de mobbing. Este conflicto se agudizó por diferencias sobre cómo llevar el caso, que ya había pasado por varios fiscales y acumulado fracasos procesales, como el rechazo al desafuero del gobernador Claudio Orrego y la pérdida de la prisión preventiva para Alberto Larraín. La renuncia de Ríos pone en evidencia una crisis de gestión y confianza dentro del Ministerio Público, justo cuando el caso ProCultura, que investiga presuntas irregularidades, se ha convertido en un problema institucional recurrente. Su partida deja un vacío en la investigación y plantea dudas sobre la capacidad de la Fiscalía para manejar casos de alto perfil sin conflictos internos, afectando la credibilidad del proceso en un momento crítico.
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