Un vuelco tendría la polémica por el supuesto financiamiento ilegal de la campaña del Presidente Gabriel Boric, a través de dineros desviados por la Fundación ProCultura, tras lo publicado este miércoles por Ciper. La investigación periodística, reveló que el dinero en cuestión no provenía de convenios con el Estado, como sostuvo la Fiscalía, sino de aportes privados de empresas como Enel, Anglo American y Minera Candelaria. Bajo estos nuevos antecedentes, el escenario cambiaría completamente y podría levantarse el velo de la duda que cubría la imagen del actual mandatario y que complicaba significativamente al Gobierno. Cabe recordar que el Ministerio Público, a través del fiscal Patricio Cooper, solicitó autorización para intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric, bajo el argumento de que existía una “confesión” sobre el desvío de fondos públicos desde la Fundación ProCultura hacia su campaña presidencial en 2021. El persecutor había presentado como prueba una escucha telefónica en la que una mujer solo identificada como “Lucía” –posteriormente identificada como Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros- afirmó que el director de ProCultura, Alberto Larraín, le habría dicho que los $41,9 millones que le adeudaban se usaron “en la campaña de Boric. No obstante, CIPER verificó que las facturas impagas correspondían a trabajos realizados entre agosto y octubre de 2023, dos años después de la elección presidencial. Además, los proyectos vinculados a esas deudas, fueron financiados con recursos privados, sin conexión con fondos estatales.
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