La administración de Donald Trump ha fijado un plazo: Cuba debe ser libre antes de que termine 2026. Esta declaración, hecha por el líder exiliado Marcell Felipe tras reunirse con diplomáticos estadounidenses, marca un giro agresivo en la política hacia la isla. El objetivo declarado es lograr lo que ninguna administración anterior pudo: un cambio de régimen y el fin formal de la revolución cubana, un reconocimiento histórico que Trump persigue activamente. La ofensiva se centra en estrangular económicamente a La Habana. Estados Unidos presiona a proveedores como México y Venezuela para que suspendan los envíos de petróleo subvencionado, un salvavidas crucial del que Cuba dependía. Expertos como Peter Kornbluh, coautor de ‘Diplomacia encubierta con Cuba’, señalan que la isla sufre la peor crisis económica desde 1959, agravada por las políticas de ‘máxima presión’ de Trump, el impacto del turismo postpandemia y la mala gestión local. Sin petróleo, advierte el propio Trump, ‘Cuba va a colapsar’. El riesgo para el gobierno cubano es considerado el mayor de su historia. Jon Lee Anderson, cronista de The New Yorker, afirma que Washington busca presionar a La Habana hasta un punto que la obligue a negociar concesiones profundas.
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