El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado recientemente un plan para distribuir pagos de al menos US$2.000 a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, excluyendo a los grupos de altos ingresos. Según declaraciones realizadas a través de su plataforma Truth Social, esta iniciativa se financiaría con los ingresos generados por los aranceles comerciales implementados por su administración. Trump defendió enérgicamente su política arancelaria, calificando de «tontos» a sus opositores y destacando logros económicos como una inflación baja, máximos históricos en los mercados bursátiles y fondos de jubilación. Además, afirmó que estos ingresos contribuirán a reducir la deuda nacional y fomentarán un auge inversor con nuevas instalaciones industriales en el país. Sin embargo, este anuncio llega en un contexto de incertidumbre legal, ya que la Corte Suprema está evaluando la constitucionalidad de los aranceles impuestos sin la aprobación del Congreso, basándose en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales. Trump ha criticado abiertamente al tribunal, argumentando que las medidas alternativas permitidas por la ley serían más restrictivas y no se alinean con la intención de los fundadores de la nación. Esta situación subraya las tensiones entre el poder ejecutivo y judicial en materia de política comercial y fiscal.
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