La Fiscalía sufrió un revés judicial significativo cuando el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la prisión preventiva para los cuatro imputados en el caso ProCultura. El tribunal, a través del magistrado Patricio Álvarez, también desestimó el arresto domiciliario total, dejando a los acusados únicamente con arraigo nacional y prohibición de salir del país, lo que significa su libertad inmediata. Los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme enfrentaban acusaciones relacionadas con la fundación ProCultura, pero el juez estableció que no se encontraron indicios de fraude al Fisco. Cristian Arias, abogado del representante legal de la fundación, sostuvo que la resolución está fundada y que la tesis del Ministerio Público «carecía de sustento serio», añadiendo que los proyectos eran «completamente reales» y no presentaban elementos de naturaleza penal. El fallo cuestiona directamente la estrategia de la Fiscalía en uno de los casos de supuesta corrupción más mediáticos, estableciendo un precedente sobre el rigor probatorio requerido para medidas cautelares extremas. Además, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días, lo que mantiene abierta la posibilidad de que los cargos puedan evolucionar, aunque bajo parámetros judiciales que ya han mostrado escepticismo hacia la acusación inicial.
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