El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite los requerimientos presentados por legisladores de oposición en contra de la senadora socialista Isabel Allende (PS) ante la fallida compra de la residencia de la familia Allende por parte del Estado. Los libelos se fundan en el artículo 60 de la Constitución, que establece la cesación del cargo de un parlamentario que, en ejercicio de sus funciones, celebre contratos con el Estado. “El Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a tramitación los requerimientos deducidos por grupos de honorables diputadas y diputados de la República, en que han solicitado la declaración de cesación en el cargo de la honorable senadora María Isabel Allende, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional”, explicó el relator del TC, José Francisco Leyton. De acuerdo al proceso, la senadora Allende dispone de 10 días para contestar el requerimiento, luego de que sea notificada personalmente de la resolución. Cabe destacar que el pleno del Tribunal Constitucional no sesionará durante febrero, por lo que la revisión de esta solicitud y una eventual decisión sobre la destitución de Isabel Allende se postergarían hasta marzo.
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