Lapidario fue el informe de la Contraloría General de la República, que detectó que 29 de los 34 convenios realizados entre distintos estamentos del Estado y organizaciones privadas como fundaciones y ONGs, no cumplen los estándares requeridos, siendo declarados ilegales por el ente fiscalizador. El análisis de dichos convenios, comenzó tras conocerse el bullado “caso Convenios” entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda en la región de Antofagasta. Tras el “escándalo”, la Contraloría congeló los traspasos de dineros a través de la “toma de razón”, para visar si los acuerdos cumplen con los estándares que exige la ley. Vicios como giros “demasiados amplios” para recibir y gestionar las transferencias del Estado, o “falta de claridad de los ítems de gastos”, además de “falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y el tiempo previsto para la ejecución de las actividades”, como asimismo “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos”, fueron las principales anomalías detectadas por el ente fiscalizador, tras el análisis de dichos convenios, de los cuales 22 de ellos fueron celebrados en la Región de Los Lagos.
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