Veinticuatro serían los decretos ingresados a la Contraloría General de la República por el Gobierno, para derogar igual número de pensiones de gracia otorgadas por el Ejecutivo post Estallido Social. De esta forma se estaría cumpliendo con el compromiso asumido el 28 de enero, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la decisión del Ejecutivo de ponerle punto final a la polémica surgida en torno al tema, por la entrega del beneficio a víctimas de lesiones durante el estallido social, pero que registraban condena por delitos graves. Según publicó el Diario La Tercera, la acción judicial se habría concretado la noche de este lunes 19 de febrero, cuando la División Jurídica de Interior ingresó los decretos para suspender estos beneficios, sumándose así a otro caso que ya había sido entregado en Contraloría la semana pasada. De esta forma, comienza un proceso administrativo, en el cual la Contraloría debería revisar caso a caso los 24 decretos, dándose un plazo de 15 días hábiles para la toma de razón del mismo. El acto realizado desde La Moneda, sería en respuesta a un lapidario informe del propio ente contralor, quién el 25 de enero dejaba en claro a través de un informe, las irregularidades en torno a la entrega de este beneficio presidencial.
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