Mientras la Cámara de Diputados espera resolver este martes, el futuro de la acusación constitucional -impulsada por un sector mayoritario de la oposición- en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a raíz de los hechos acaecidos en el Estadio Monumental en el marco del encuentro entre Colo-Colo y Fortaleza, su defensa acusa que dicha acusación solo responde a fines políticos. Con el libelo, parlamentarios de Chile Vamos, republicanos, socialcristianos y libertarios buscan responsabilizar constitucionalmente a Durán por no cumplir con obligaciones de resguardo público. Aspecto central que, para el abogado defensor, Francisco Cox, muestra que la acusación no cuenta con “ningún sustento ni jurídico ni fáctico” producto de las modificaciones que se establecieron a partir de la promulgación del Ministerio de Seguridad. “En primer lugar, nos parece que mueran dos personas, lamentablemente, producto de un atropello por parte de Carabineros, difícilmente puede enmarcarse dentro del concepto de orden público“, señaló Cox. Pero, aseguró que “más grave aún es que ellos invocan, para decir que el delegado presidencial sí tiene funciones de orden público, una norma derogada, que se le quita la facultad de velar por el orden público al delegado presidencial con la dictación de la creación del Ministerio de Seguridad”, afirma. “Entonces, no tiene base constitucional y la acusación tiene el fin meramente político de asestarle un golpe al Gobierno”, afirma el defensor.
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