En una reciente sesión del Congreso, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, provocó una oleada de reacciones tras su enérgico discurso sobre la gestión de las denuncias de violación que implican a políticos, incluido el exsubsecretario Manuel Monsalve. Orellana criticó la doble moral en el manejo de casos de abuso sexual, destacando cómo ciertos parlamentarios, acusados de delitos similares, han sido protegidos por sus colegas en el Congreso. Esta intervención no solo molestó a varios miembros del oficialismo, sino que también podría desencadenar represalias políticas, como acusaciones constitucionales contra ella, exacerbando las tensiones dentro de la coalición gobernante. El diputado Francisco Pulgar, quien también fue mencionado por Orellana y enfrenta un proceso de desafuero por acusaciones similares, rechazó las afirmaciones de la ministra y consideró tomar acciones legales contra ella por difamación. A su vez, el diputado Enrique Lee, incorrectamente implicado por Orellana en revelar la identidad de una denunciante, defendió su inocencia y criticó duramente a la ministra por tergiversar los hechos y dañar su reputación. Este entorno de acusaciones cruzadas y defensas apasionadas refleja no solo las complejidades del debate sobre el abuso sexual en la política chilena, sino también las profundas divisiones dentro del espectro político del país.
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