A pesar de la percepción generalizada de que el teletrabajo se consolidaría como norma tras la pandemia, su implementación en el sector público chileno está sujeta a regulaciones estrictas. La Ley 21.526 establece un límite máximo del 20% de la dotación total por repartición para esta modalidad, cifra prorrogada hasta diciembre de 2025. Sin embargo, datos obtenidos vía Ley de Transparencia revelan que 3.622 funcionarios de subsecretarías y Presidencia continúan en teletrabajo, superando en algunos casos el umbral legal gracias a autorizaciones excepcionales de la Dirección de Presupuestos (Dipres). A nivel central, seis entidades exceden el 20%, destacando la Subsecretaría de Hacienda con un 41,3% de su dotación en modalidad híbrida, seguida por Relaciones Económicas Internacionales (35%) y Bienes Nacionales (32%). Estas excepciones se justifican por la naturaleza de sus funciones, como en Hacienda, donde la incorporación de la Secretaría de Gobierno Digital—con labores intensivas en plataformas informáticas—permitió aumentar el porcentaje autorizado al 50% desde 2024. La Dipres ha habilitado a 40 servicios públicos para solicitar ampliaciones, basadas en criterios como eficiencia y apoyo al cuidado familiar.
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