El gobierno de José Antonio Kast enfrenta una negociación crítica sobre el sueldo mínimo mientras la inflación presiona el costo de vida en alimentos, transporte y combustibles. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, busca un reajuste «prudente» tras el aumento anterior de $350.000 a $539.000 durante el gobierno de Gabriel Boric, advirtiendo que la masa laboral perdió fuerza. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechaza limitar el incremento al IPC y exige un ajuste real que recupere el poder adquisitivo perdido, con su presidente José Manuel Díaz y secretario general Eric Campos dispuestos al diálogo pero sin cifra definida. El analista económico César Valencia de GTC alerta que el alza del salario mínimo ya incidió negativamente en el empleo y, con un Imacec de -0,3%, la economía no podría absorber mayores costos laborales sin afectar la creación de puestos. El diputado Boris Barrera del PC señala que el sueldo mínimo no alcanza y recuerda que la CUT demandó en 2025 un salario vital sobre $700.000 para una familia de cuatro personas, anticipando un debate intenso. Rau evalúa dos vías para el reajuste: subsidios directos a empresas con trabajadores cercanos al salario mínimo y un crédito tributario para compañías con mayor dotación. El proyecto debe ingresarse al Congreso en abril, acotando los plazos para un acuerdo entre el gobierno y los trabajadores en una negociación que se proyecta compleja pero con disposición sindical al diálogo.
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