La vocera de Gobierno, Mara Sedini, enfrenta una presión institucional inédita tras su polémica declaración sobre un ‘Estado en la quiebra’. La Contraloría General de la República ofició formalmente al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), que ella encabeza, exigiendo explicaciones y fundamentos para esa afirmación. Este miércoles 1 de abril de 2026 era la fecha límite para entregar la respuesta, en medio de críticas persistentes sobre su desempeño como ministra vocera. Sedini confirmó que su equipo cumpliría con el plazo establecido, señalando que ‘hemos sido muy respetuosos y valoramos muchísimo la función que tiene Contraloría’. Sin embargo, evitó cualquier autocrítica sobre la polémica o los cuestionamientos a su rol, limitándose a afirmar que ‘nosotros no nos vamos a quedar en la discusión de un concepto, hoy día nosotros estamos enfocados’. La ministra argumentó que su prioridad es responder a la ciudadanía durante una crisis internacional que afecta a Chile. El caso trasciende una simple controversia semántica: representa un choque entre la comunicación gubernamental y el control institucional. La intervención de Contraloría marca un precedente sobre los límites del discurso oficial, especialmente cuando se usan términos económicos sensibles que pueden afectar la percepción de estabilidad del país.
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