La prevalencia de trastornos mentales (referenciada por el MINSAL) indica que el 38% de niños, niñas y adolescentes presenta algún trastorno mental, y un 22,5% presenta trastornos con discapacidad (casos clínicamente significativos). Es decir, 4 de cada 10 tienen algún problema de salud mental y 1 de cada 5 requiere atención especializada.
Los trastornos de salud mental más frecuentes en esta población son los trastornos de ansiedad, los trastornos disruptivos y los trastornos afectivos, incluyendo la depresión. De hecho, el propio MINSAL destaca que la salud mental es la principal causa de carga de enfermedad en jóvenes, que existe una alta prevalencia desde edades tempranas y que muchos casos no acceden a tratamiento oportuno. Y quizás vale la pena detenerse en este último punto: la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención, detección e intervención oportuna en el sistema de salud chileno.
Si bien se han intentado fortalecer estrategias de prevención a través de programas como Habilidades para la Vida (JUNAEB), Chile Crece Contigo, controles de salud mental en APS, programas GES (depresión en adolescentes), programas de convivencia escolar, protocolos antibullying, educación socioemocional y equipos psicosociales en escuelas, pareciera que no logran el impacto esperado a nivel poblacional. La razón principal es que solo 1 de cada 3 menores accede a atención cuando lo necesita. Es decir, las estrategias existen, pero su alcance es limitado.
Por otro lado, existe un déficit significativo de recursos y especialistas. La realidad es que no hay suficientes psiquiatras infantojuveniles, psicólogos ni camas hospitalarias para casos severos. En consecuencia, son las familias, los colegios y las comunidades quienes deben contener a una población que requiere apoyo especializado. Aún más, quienes logran acceder al sistema de salud enfrentan atenciones muy espaciadas en el tiempo. Un menor puede recibir atención psicológica, en el mejor de los casos, una vez al mes, con sesiones de 45 minutos o incluso menos.
Esto evidencia que los recursos estatales no alcanzan para cubrir adecuadamente las necesidades. Muchas veces, la evaluación psiquiátrica ocurre solo cuando el cuadro ya está agravado, mientras médicos generales —que, si bien están capacitados— intentan contener una demanda que los sobrepasa. Además, existe una desigualdad territorial evidente: a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de problemas de salud mental, pero menor acceso a diagnóstico y tratamiento.
A esto se suma la dificultad en la detección temprana de psicopatologías infantojuveniles, lo que deriva en diagnósticos tardíos y peores pronósticos. Si bien las escuelas cumplen un rol clave, los equipos psicosociales suelen ser insuficientes o estar sobrecargados. En muchos casos, actúan solo en situaciones de crisis o no cuentan con la capacitación necesaria para identificar señales tempranas. Incluso cuando la detección ocurre, muchas veces las familias no logran dar continuidad al proceso. Ya sea por falta de acceso, recursos o por sus propias dificultades en salud mental, no siempre pueden llevar a sus hijos a atención especializada.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿quién es responsable de la salud mental de niños, niñas y adolescentes?
¿Qué ocurre cuando un joven irrumpe en un colegio con conductas violentas hacia docentes y compañeros? ¿Quién debe anticipar que estos hechos pueden replicarse? ¿Quién orienta a los establecimientos sobre estrategias que vayan más allá de lo punitivo? ¿Es correcto afirmar que los jóvenes “se volvieron locos”? ¿O que los padres son los únicos responsables? ¿Qué pasa con aquellos padres que también enfrentan altos niveles de estrés psicosocial y no pueden acceder a atención para sus hijos por limitaciones laborales?
¿Estamos frente a un problema de crianza, de ausencia parental o de sobrecarga estructural? Finalmente, cabe preguntarse: ¿esto es un problema de seguridad pública o, más bien, un problema de salud mental que aún no estamos abordando como corresponde?
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