El proyecto de Sala Cuna Universal, que se encuentra en su fase final y podría convertirse en ley en enero, genera expectativas por su potencial impacto positivo en el PIB y la reducción del desempleo femenino. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) han manifestado dudas significativas sobre las implicaciones económicas de esta iniciativa gubernamental. La creación de un Fondo Solidario, financiado mediante una cotización obligatoria del 0,3% a cargo de los empleadores, representa un costo fijo que afectaría a todas las empresas, independientemente de su tamaño o de si actualmente cumplen con obligaciones de sala cuna. Según Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) apoya el espíritu de la ley pero discrepa con el documento presentado, destacando preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera y posibles cargas adicionales si el fondo resulta insuficiente. Expertos como David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC, reconocen la necesidad de la ley pero subrayan la importancia de abordar los puntos de división en el Congreso para asegurar su viabilidad. Mientras organizaciones como Chile Mujeres resaltan los beneficios para el desarrollo nacional, las pymes argumentan que su situación difiere de las grandes empresas, que podrían ver ventajas al reemplazar costos existentes con una cotización menor. Este debate refleja la tensión entre objetivos sociales y realidades empresariales en un contexto de incertidumbre económica.
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