La delincuencia organizada está erosionando la competitividad de sectores estratégicos chilenos, con pérdidas que superan los mil millones de dólares al año y obligan a las empresas a desviar recursos hacia seguridad en lugar de inversión productiva. Un fenómeno que ya no es solo un problema de orden público, sino una amenaza directa para la economía nacional. Un barómetro de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) revela que el 77,4% de los encuestados sufrió robos en el último año, con un impacto económico proyectado de US$530 millones, un aumento del 39% respecto a la medición anterior. En la salmonicultura, Tomás Monge, gerente general de SalmonChile, reporta que los robos detectados desde 2018 suman US$26 millones, pero estima que la cifra real anual ronda los US$70 millones debido a la sofisticación de los métodos delictivos. En minería, Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, calcula pérdidas entre US$250 y US$500 millones anuales, mientras que Fiorella Ulloa de Plusmining estima un impacto conservador de US$246 millones solo en 2025 por el robo de cables de cobre. Estas pérdidas directas son solo la punta del iceberg. Las industrias deben destinar millones a radares, escoltas y protección de instalaciones, elevando sus costos operativos de forma permanente.
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