El caso de la Fundación “Democracia Viva”, abrió una caja de Pandora, donde nadie sabe qué es lo que saldrá a la luz pública. Y si al Maule no le hubiera bastado ser salpicado con el sumario al Seremi de Vivienda local, Rodrigo Hernández, ahora es el turno de la propia Gobernadora regional, Cristina Bravo. Según denuncia hecha por Radio Bío Bío, la Fundación Urbanismo Social, rechazó la proposición de la autoridad regional, de contratar a un miembro de su partido (la DC), el concejal de la comuna de Curicó, Javier Ahumada, para un millonario proyecto por $264.950.000, para el programa “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”, fondos entregados por el propio Gobierno regional. “Como directorio, vemos incompatible la posibilidad de que el señor Ahumada sea parte del proyecto, cuando se está asumiendo una función pública de representación popular, dada la naturaleza del programa que implica gestionar procesos de participación ciudadana e involucramiento con las comunidades”, respondió la Fundación a la “sugerencia” de la Gobernadora. Si bien el hecho obedece a una atávica mala costumbre, que se arrastra por décadas en el mundo político, esta es la primera vez que se hace público a través de una carta, develando el pedido de una autoridad para contratar personas cercanas, conocidas y militantes de partidos específicos.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
