El retail financiero ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Chile para excluir las llamadas de cobranza extrajudicial de la obligación de utilizar el prefijo 600, medida implementada en agosto de 2025 para identificar comunicaciones comerciales masivas. Según el gremio, que agrupa a empresas de tarjetas y casas comerciales, esta normativa ha provocado una caída del 40% en la contactabilidad con los deudores, argumentando que equiparar la cobranza con servicios de telecomunicaciones es un error, ya que se trata de una gestión contractual regulada por ley y no un servicio adicional voluntario. La industria advierte que esta situación podría afectar los criterios de evaluación crediticia y restringir el acceso al crédito formal, sin buscar la eliminación del prefijo, sino una excepción específica. Por su parte, el Gobierno defiende la medida como una herramienta para garantizar transparencia y permitir a los consumidores distinguir entre llamadas legítimas y spam, tras una derrota del sector en la Corte de Apelaciones.
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