La reforma política impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha sufrido un significativo retraso en su tramitación legislativa. Durante una sesión del Senado, el senador Rojo Edwards logró postergar la votación del proyecto hasta el 6 de enero de 2026, utilizando una cláusula reglamentaria que se activó debido a la ausencia de urgencia de «discusión inmediata». Esta iniciativa, que busca promover la gobernabilidad y controlar la fragmentación partidaria, enfrenta una creciente oposición de legisladores independientes y exmiembros de partidos tradicionales. El aplazamiento se produjo en un contexto de baja asistencia, ya que varios senadores se encontraban en viajes oficiales, lo que amenazaba el quórum necesario de 26 votos. Edwards argumentó que el proyecto fomenta una «partidocracia» al concentrar el poder en los partidos existentes y excluir a nuevos actores políticos. Su postura fue respaldada por otros senadores, como Juan Castro y Karim Bianchi, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma por afectar la soberanía popular y la libertad de asociación. En respuesta, senadores de partidos tradicionales, como Juan Antonio Coloma de la UDI, criticaron la inconsistencia política de Edwards, quien ha transitado por múltiples coaliciones. A pesar del apoyo gubernamental, la discusión quedó suspendida, posponiendo una decisión clave en un período de receso legislativo por fiestas de fin de año. Este episodio refleja las tensiones en el Congreso chileno y los desafíos para consensuar reformas estructurales en un escenario político polarizado.
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