La Corte Suprema negó todas las peticiones de la ministra suspendida Ángela Vivanco, quien buscaba obtener copias del expediente de la Comisión de Ética y prolongar el plazo para presentar su defensa, entre otras solicitudes. La ministra y sus abogados han enfrentado un proceso marcado por decisiones rápidas que parecen indicar una intención del tribunal de avanzar hacia su remoción con celeridad. Además de negar la extensión del plazo de defensa, el tribunal también rechazó proporcionar acceso a información crucial, lo que fue percibido por su defensa como una negación de sus derechos procesales. Las resoluciones de la Corte han exacerbado las preocupaciones sobre la justicia y equidad del proceso, subrayando una posible predisposición hacia su destitución sin las garantías adecuadas para una defensa efectiva. Este contexto ha generado una reacción de alerta dentro de su entorno y más allá, con observadores y comentaristas cuestionando la integridad del proceso judicial en su conjunto.
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