El Congreso ha reanudado sus actividades con un debate de alto voltaje político, centrado en el proyecto de reajuste salarial del 3,4% para el sector público. Este ajuste, que debería haber entrado en vigor desde el inicio del mes, ha generado controversia debido a su presentación tardía, lo que marca un inicio inusual del año legislativo. La discusión se ha intensificado con la inclusión de las denominadas ‘normas de amarre’, cláusulas que, según la oposición, buscan proteger a funcionarios afines al gobierno actual, limitando las facultades de despido para aquellos con más de dos años de servicio. Diputados de la oposición han advertido que no respaldarán el proyecto si se mantienen estas cláusulas, argumentando que podrían politizar la administración pública y afectar la meritocracia. Por otro lado, representantes del sector público han rechazado estas interpretaciones, exigiendo justificaciones claras para cualquier despido, en un intento por salvaguardar la estabilidad laboral. Este enfrentamiento refleja tensiones más amplias en la gestión gubernamental y podría retrasar la implementación del reajuste, impactando a miles de trabajadores públicos. El contexto político se ve influenciado por otros eventos nacionales, como la composición del gabinete y casos judiciales internacionales, pero el foco inmediato permanece en este proyecto legislativo.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
