El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha abordado el debate en torno al proyecto de reajuste del sector público, destacando que la propuesta busca fortalecer la estabilidad laboral y no constituye una «norma de amarre», como ha sido calificada por la oposición. En declaraciones recientes, Grau explicó que la iniciativa establece una distinción clara entre asesores de confianza política y funcionarios de carrera, asegurando que los primeros deben renunciar al finalizar el período gubernamental, lo que otorgaría mayor libertad a futuras administraciones. El proyecto incluye disposiciones que requieren fundamentar legalmente la no renovación de contratos en entidades públicas, protegiendo a trabajadores con al menos dos años de servicio continuo. Según Grau, esto garantiza transparencia y evita despidos arbitrarios, resguardando a empleados que no dependen de cambios políticos. Sin embargo, el ministro reconoció que, debido al intenso debate generado, la aprobación de la normativa podría ser compleja, aunque subrayó la importancia de discutir estos temas para mejorar la función pública. La propuesta ha generado controversia en el Parlamento, donde algunos legisladores cuestionan su impacto en la flexibilidad administrativa.
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