El ministro de Hacienda, Quiroz, ha firmado un oficio que ordena un recorte inmediato del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, en un movimiento que busca enfrentar lo que califica como una situación fiscal «delicada, inusual y extrema». La medida no es solo un ajuste puntual: viene acompañada de una exigencia adicional para que cada organismo presente propuestas que permitan reducir el erario en US$ 4.000 millones de forma permanente durante este año, lo que implica una presión sin precedentes sobre el gasto público. El recorte transversal y la meta de ahorro permanente responden a una herencia fiscal compleja. Quiroz ha denunciado que el Gobierno saliente le dejó apenas US$ 40 millones en la caja del Estado, una cifra que el exministro Grau ha disputado públicamente, asegurando que el saldo real supera los US$ 1.400 millones. Esta controversia sobre los fondos disponibles subraya la tensión y la urgencia detrás de la orden de ajuste. El impacto de esta medida será profundo y se sentirá en toda la administración pública. Un recorte presupuestario de esta magnitud, sumado a la búsqueda de ahorros permanentes por US$ 4.000 millones, forzará a los ministerios a redefinir prioridades, posiblemente congelar proyectos y optimizar operaciones.
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