El Gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca reconocer y reparar a las víctimas de violencia en el conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La iniciativa, derivada en parte de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ha generado un intenso debate político debido a la exclusión de indemnizaciones económicas directas para las víctimas. En su lugar, el proyecto asigna aproximadamente $6 mil millones de pesos para medidas de apoyo psicológico y social, recursos ya contemplados en el Programa de Violencia de la Subsecretaría del Interior, sin implicar un aumento en el gasto fiscal, según el informe financiero adjunto. Parlamentarios de oposición han criticado duramente la propuesta, calificándola de «irresponsable» y «vergonzosa». Argumentan que la falta de compensación económica deja a las víctimas sin una reparación integral, especialmente aquellas que han sufrido pérdidas materiales significativas debido a la violencia. Diputados como Miguel Ángel Becker (RN) y Henry Leal (UDI) han enfatizado que sin indemnizaciones, el proyecto no aborda adecuadamente las necesidades de las comunidades afectadas, señalando que esto refleja una falta de voluntad política del Gobierno para resolver la crisis en la Macrozona Sur.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
