El régimen de excepción que catapultó a Nayib Bukele a la reelección enfrenta una crisis de credibilidad: el propio gobierno salvadoreño reconoce que al menos 8.000 personas detenidas bajo esta medida no son culpables. Este domingo, cerca de un centenar de familiares salieron a las calles de San Salvador para protestar contra lo que califican como un «genocidio» judicial, donde inocentes son agrupados con criminales en juicios masivos. Los manifestantes, organizados por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), caminaron por el Centro Histórico con camisas que mostraban rostros y nombres de sus familiares detenidos. Samuel Ramírez, portavoz del movimiento, denunció irregularidades graves: pruebas casi nulas, imposibilidad de presentar testigos de descargo y notificaciones tardías a abogados defensores. «No pudieron encontrar delito individualmente, caso por caso», afirmó sobre los procesados cuya inocencia defienden. La tensión revela el costo humano de una política que, si bien redujo la violencia pandilleril y mantiene alta aprobación para Bukele, acumula más de 6.400 denuncias por violaciones a derechos humanos y más de 480 muertes en custodia estatal. El régimen, vigente desde marzo de 2022, ha llevado a la captura de más de 90.
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