Los diputados de la UDI, Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida, manifestaron su más profundo rechazo al uso de la Defensoría Penal Pública, por parte de los parlamentarios oficialistas, Daniel Melo, Lorena Pizarro, Luis Malla, Lorena Fríes, Jaime Sáez, Ana María Gazmuri, Nathalie Castillo y Nelson Venegas, para atender sus problemas legales personales. “Creemos inaceptable que un grupo de diputados decida usar a la Defensoría Penal Pública para sus problemas penales personales. Este es un beneficio diseñado para personas que no pueden proveerse de un abogado. Es evidente que un parlamentario, con los recursos que dispone, puede contratar un profesional”, señalaron los legisladores gremialistas. Donoso y Fuenzalida también destacaron que este comportamiento presenta un claro conflicto de interés: “Estos mismos diputados aprobaron el presupuesto de la Defensoría Penal Pública, lo que evidencia un interés manifiesto en mantener los dos abogados proporcionados por esta institución para defenderse de una querella y del proceso de desafuero. Los diputados de la UDI calificaron esta acción como un abuso de poder y un acto potencialmente ilegal. En consecuencia, Donoso y Fuenzalida señalaron que han solicitado a la Secretaría de la Cámara una certificación oficial sobre este caso para evaluar y emprender las acciones legales correspondientes.
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