El Presupuesto 2026 enfrenta un escenario complejo debido a la presión por un reajuste salarial en el sector público, en un contexto electoral que favorece negociaciones generosas. Aunque el gobierno ha propuesto un congelamiento nominal de las remuneraciones, expertos y parlamentarios advierten que no existen recursos suficientes en el Tesoro Público para financiar incrementos que al menos cubran la inflación, estimada en un 3,7%. Según Libertad y Desarrollo, las provisiones para gastos no presupuestados ascienden a US$2.200 millones, un 5% menos que el año anterior, lo que resulta insuficiente para asumir costos adicionales como los derivados de reformas previsionales y otros compromisos legales. La Dirección de Presupuestos (Dipres) defiende su postura, señalando que cualquier reajuste contará con un informe de financiamiento basado en ahorros por no reemplazar la totalidad de funcionarios que se retiren, bajo la regla 3×1. Sin embargo, críticos como LyD cuestionan la viabilidad de este mecanismo, estimando ahorros de solo US$150 millones, muy por debajo de los US$1.000 millones necesarios para un ajuste real. Este dilema fiscal podría obligar al próximo gobierno a realizar ajustes significativos, afectando la estabilidad presupuestaria y generando tensiones políticas en la tramitación del erario.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
