Una investigación especial sobre mal uso de viviendas fiscales en el Ejército y dos auditorías sobre uso indebido de inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, anunció este domingo la Contraloría General de la República. El ente contralor recoge de esta forma, una investigación periodística realizada por el medio “El Mostrador”, quién señaló diversas irregularidades en ambas entidades. Desde la CGR, se indicó asimismo, que se está elaborando un instructivo sobre la correcta asignación, conservación y devolución de las viviendas fiscales, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar prácticas indebidas por parte de los funcionarios públicos. El reportaje de “El Mostrador”, identificó 21 inmuebles fiscales, arrendados por funcionarios, tanto del Ejército como de Bienes Nacionales, con valores que promedian los $50.000 mensuales, siendo el monto más bajo alrededor de $25.000 mensuales. Según la normativa del artículo 01 del estatuto administrativo, las viviendas solo deben ser ocupadas por funcionarios del estado, cuando sus labores requieran presencia permanente en el recinto en cuestión. De ser sorprendidos utilizando los inmuebles cuando no les corresponde, según la ley deberán pagar una renta equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo, cifra que sería un 2% aproximado del sueldo líquido, considerando bonos y asignaciones en el sector público.
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