Al Consejo de Defensa del Estado (CDE), envió el Ministerio de Justicia las conclusiones del análisis administrativo de la Fundación ProCultura y solicitaron iniciar las acciones para disolver de manera definitiva la entidad. Según consignó La Tercera, se constató que la fundación creada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, no respondió de forma íntegra los requerimientos realizados en el marco del procedimiento instruido por el organismo, el 29 de junio de 2023. Además, tampoco se atendió a los funcionarios que visitaron con insistencia los domicilios que habían registrado En la solicitud que remitió el subsecretario Ernesto Muñoz al presidente del CDE, Raúl Letelier, se advirtió que la fundación habría desviado fondos percibidos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios. Entre 2018 y 2022, en promedio, el 70,35% de los gastos de ProCultura correspondían a remuneraciones y honorarios, mientras que el 29,65% al cumplimiento de su objeto social. En base a los antecedentes recopilados por el Ministerio de Justicia se pudo establecer que la Fundación infringió gravemente sus estatutos, “desnaturalizando el fin propio de la fundación, entendida esta como un patrimonio puesto al servicio de un objeto, distinto del enriquecimiento de los partícipes de la misma, existiendo además una falta de coherencia entre los fines propios de la entidad y sus actividades en cumplimiento a dichos fines”.
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