El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció una ofensiva legal y administrativa que podría cambiar el destino de la toma más grande de Chile. Su objetivo es recuperar parte de los $11 mil millones que el Estado pagó en diciembre por expropiar terrenos en el Cerro Centinela de San Antonio, argumentando que el precio fue excesivo para un terreno sin factibilidad sanitaria ni urbanización. Además, planea investigar quiénes organizaron la ocupación y priorizar el desalojo de familias que llegaron después de otras en lista de espera. Poduje respaldó la acción del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que en marzo pidió a un juzgado de San Antonio reducir el pago a $4 mil millones, cuestionando la tasación anterior. El ministro sostuvo que no puede justificar entregar terrenos de 500 metros cuadrados a ocupantes, cuando familias en fila por años reciben lotes de 100 metros. También reveló que su cartera enfrenta un recorte presupuestario del 3% y una deuda del 97%, lo que forzó retroceder en otros tres proyectos emblemáticos. El impacto es directo sobre el mercado de suelo, la equidad en el acceso a vivienda y las finanzas públicas. La medida busca reordenar prioridades, favoreciendo a quienes esperan legalmente sobre quienes ocuparon terrenos, y podría significar un ahorro de miles de millones para el Estado.
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