El gobierno de José Antonio Kast enfrenta una herencia judicial explosiva: cuatro grandes pesqueras industriales han iniciado o anunciado demandas contra el Estado por la Ley de Fraccionamiento Pesquero, promulgada en junio de 2025 bajo la administración de Gabriel Boric. Las compañías acusan que la normativa, que redistribuyó cuotas de captura entre el sector artesanal e industrial, afectó derechos adquiridos y constituye una expropiación indirecta, comprometiendo inversiones planificadas hasta 2032. Las acciones judiciales ya suman al menos US$486 millones en compensaciones reclamadas. Camanchaca fue la primera en demandar, buscando cerca de US$100 millones. Blumar siguió, estimando perjuicios por US$216 millones y advirtiendo que esto compromete su sostenibilidad y planes de inversión. Landes presentó una demanda por más de US$70 millones, mientras que FoodCorp, de capitales noruegos, anunció que presentará una acción por pérdidas estimadas en US$100 millones, según su CEO Andrés Daroch. El impacto trasciende lo legal: la industria pesquera industrial, que se opuso durante toda la tramitación, argumenta que la ley alteró reglas claras establecidas en 2013, vulnerando la seguridad jurídica.
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