El Gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, ha intensificado su política migratoria con la modificación de un decreto legislativo que establece la expulsión de extranjeros que no se identifiquen adecuadamente ante las autoridades. Esta medida, que incluye la toma de datos biométricos para crear antecedentes migratorios, contrasta con la situación en Chile, donde el gobierno ha anunciado un proceso de regularización dirigido a migrantes que ingresaron por pasos no habilitados. Este proceso busca integrar a unos 182 mil migrantes que se sometieron a un empadronamiento biométrico, proporcionándoles un camino hacia la legalidad y el reconocimiento oficial. El subsecretario del Interior de Chile, Luis Cordero, ha defendido la medida de regularización como una necesidad para conocer quiénes son los migrantes y cómo impactan en la economía y la seguridad del país. Mientras tanto, en Perú, la medida busca fortalecer la seguridad nacional al exigir una identificación adecuada, en un momento en que América Latina enfrenta desafíos significativos en materia de migración ilegal. Estas políticas divergentes han generado un debate sobre la mejor manera de manejar la migración en la región, destacando los diferentes enfoques que pueden ser complementarios en la gestión de los desafíos migratorios.
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