El gobierno peruano ha declarado nuevamente estado de emergencia en cuatro distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, una medida que suspende derechos constitucionales y despliega tecnología de vigilancia aérea. El decreto, firmado por el presidente de transición José María Balcázar y su gabinete, incluye la restricción de la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión, además de exigir permisos para eventos masivos. La Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, tomará el control del orden interno basándose en inteligencia y mapas del delito. La operación, que durará 60 días, implica patrullas motorizadas continuas en la línea fronteriza y el uso de drones para monitorear pasos no habilitados. También se intervendrá a migrantes que intenten cruzar por zonas no autorizadas, reforzando la seguridad en una región que ya enfrentó una emergencia similar en noviembre de 2025 bajo el entonces presidente José Jerí. Los comités de seguridad ciudadana de Tacna permanecerán en sesión permanente durante este período. Esta decisión impacta directamente en la seguridad regional y las relaciones fronterizas, elevando los costos operativos y la tensión en un corredor clave para el comercio y la migración. La vigilancia con drones y la presencia militar señalan un giro hacia tácticas más agresivas contra la criminalidad, con implicaciones para la inversión y la estabilidad en el sur de Perú. La medida refleja una respuesta gubernamental a presiones por seguridad, aunque podría generar controversias sobre derechos civiles en la zona.
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