El gobierno peruano enfrenta una batalla judicial que podría definir quién controla una de las infraestructuras más estratégicas del Pacífico Sur. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, calificó como «inaceptable» que el organismo regulador Ositran no pueda supervisar el megapuerto de Chancay, tras una orden judicial que responde a un recurso de amparo presentado en 2024 por la naviera china Cosco Shipping Lines. El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima falló a favor de la empresa, argumentando que la supervisión vulneraba sus derechos de control sobre el puerto, del cual Cosco posee el 60% junto a la minera peruana Volcan Compañía Minera. Álvarez anunció que el Ejecutivo apelará el fallo y, si no obtiene una respuesta favorable, analizará llevar el caso al Tribunal Constitucional. Subrayó que ningún contrato civil puede estar por encima de la Constitución y expresó preocupación porque partes del puerto queden fuera de la supervisión del regulador estatal. La tensión se enmarca en un contexto donde Perú mantiene a China como su principal socio comercial, pero también una relación estratégica con Estados Unidos, que ya advirtió sobre riesgos a la soberanía peruana. El conflicto trasciende lo administrativo y se convierte en un pulso geopolítico.
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