Los diputados de la Bancada UDI, Marlene Pérez y Henry Leal, acusaron una “nula voluntad” del Gobierno por revocar las pensiones de gracia que, en el contexto del denominado “estallido social”, se le otorgó a más de 40 personas que mantienen antecedentes penales, entre ellos un condenado por homicidio y otros por, robo, saqueo e, incluso, por atentar contra funcionarios de Carabineros. Al respecto, y luego que la comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja -que preside la diputada Pérez- accediera a ampliar el plazo para que el Ejecutivo ingresara las indicaciones que había prometido, los parlamentarios gremialistas acusaron que dichas propuestas no permitirían que el Presidente Boric pueda revocar los actuales decretos, tal como lo había comprometido el Gobierno. Por lo mismo, ambos diputados acusaron a las actuales autoridades de “engañar” a la opinión pública y de “ceder” a las presiones del Partido Comunista y el Frente Amplio, quienes públicamente se han manifestado en contra de revocar las pensiones a quienes tienen condenas por graves delitos. Por lo mismo, a diputada Pérez, en su calidad de presidenta de la comisión de Desarrollo Social, anunció que someterá a votación los tres proyectos -refundidos en uno solo- el próximo lunes 15 de enero, independiente de si el Ejecutivo modifica o no las indicaciones.
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