Los diputados de la Bancada UDI, Henry Leal y Juan Antonio Coloma, exigieron este jueves al Presidente Gabriel Boric, revocar -a la brevedad posible- todas las pensiones de gracia que han sido entregadas a personas condenadas por la justicia, entre ellos los que delinquieron en el marco del “estallido social”. La exigencia, nace luego que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconociera que el Mandatario sí tiene facultades para hacerlo, tras señalar que “así como se puede hacer, se puede revertir en principio”. Al respecto, los gremialistas recordaron que fue a fines de diciembre cuando enviaron un oficio al Gobierno, dirigido específicamente al Presidente Boric, explicando que por tratarse de un acto administrativo sí tenía atribuciones para dejar sin efecto los beneficios, sin la necesidad de que se tuviera que modificar la actual legislación, tal como insistieron en el Ejecutivo. Sin embargo, ante la ausencia de una respuesta por parte de las autoridades, ambos diputados reenviaron dicho oficio a la contralora (s), Dorothy Pérez, quien si bien se comprometió a asistir el próximo lunes 15 de enero a la comisión de Seguridad Ciudadana, justamente para dar su opinión jurídica sobre el asunto, ya no sería necesario tras las recientes declaraciones de la ministra Tohá.
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