El presidente del Senado, Ossandón, ha impulsado una iniciativa legislativa que busca establecer límites a los salarios de futuros funcionarios del Congreso, generando un intenso debate político. La propuesta ha sido rechazada frontalmente por la asociación de trabajadores de la Cámara Alta, quienes han denunciado «maltrato» y juicios irrespetuosos por parte de los promotores del proyecto. Los funcionarios parlamentarios han advertido que la medida podría tener consecuencias no deseadas, incluyendo un posible aumento en los casos de corrupción al interior del poder legislativo. Argumentan que salarios competitivos son esenciales para mantener la integridad y profesionalismo del servicio público. En respuesta, el presidente del Consejo para la Transparencia ha manifestado una postura contundente, afirmando que «cualquier persona que sostenga que para no corromperse debe ganar más que el Presidente, tiene que ser apartado de su cargo». Esta declaración ha añadido mayor profundidad al debate sobre la relación entre remuneraciones y ética en el servicio público. El proyecto se enmarca en un contexto de creciente escrutinio público sobre los denominados «supersueldos» en la administración estatal, reflejando la tensión entre la necesidad de controlar el gasto público y garantizar la calidad del servicio legislativo.
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