El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, enfrenta una batalla legal y política por $1.000 millones que la Fundación ProCultura recibió en subvenciones, mientras asegura que recuperará el total de los recursos mediante pólizas de seguro con apoyo del Consejo de Defensa del Estado. La tensión judicial se concentra en una audiencia clave fijada para el próximo martes en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde Orrego promete demostrar que su Gobierno Regional actuó con «apego a derecho» y protegiendo fondos públicos. Orrego lanzó duras críticas contra la Fiscalía de Antofagasta, acusándola de «errores gravísimos» en la investigación y de desconocer la legislación chilena sobre subvenciones. El gobernador sostiene que los proyectos, incluido el programa de prevención del suicidio «Quédate», siguen ejecutándose con otras entidades como el Servicio de Salud Oriente de Santiago, y que la tramitación fue idéntica a más de 85 proyectos con fundaciones como Paz Ciudadana y Arturo López Pérez. La recuperación de los $1.000 millones no solo tiene implicaciones presupuestarias para la región, sino que pone en juego la credibilidad de la gestión pública y el uso de mecanismos como las pólizas de seguro para resguardar recursos.
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