Un duro cuestionamiento a la llamada “agenda policial del Gobierno y el Congreso”, hicieron este martes cerca de 130 organizaciones ligadas a los derechos humanos. Las críticas de las entidades, se sustentan en la ambigua política al respecto, diseñada por el Ejecutivo y el Congreso, tras la muerte de la suboficial mayor de Carabineros, Rita Olivares asesinada en Quilpué por un grupo de delincuentes. “Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite, normas que lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país”, indicaron las organizaciones en cuestión. “La propuesta del Gobierno -señalan las entidades de DDHH- va en colisión con las más de 10.700 denuncias por violencia institucional y las graves violaciones a los DD.HH”, añadieron. “Resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Carabineros ya demostró un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos”, indicaron las fuentes.
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