Según informa La Tercera, juzgado de Santiago despachó órdenes de detención contra cinco figuras clave en la investigación de la Fundación ProCultura, en un caso que involucra más de $1.600 millones transferidos por la Gobernación Regional Metropolitana para un programa de prevención del suicidio llamado ‘Quédate’. Los imputados son Alberto Larraín, cofundador de la ONG; María Constanza Gómez, su representante legal; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme. La fiscalía, liderada por Juan Castro Bekios, sostiene que el convenio se aceleró artificialmente debido a la cercanía entre Larraín y el gobernador Claudio Orrego, quien aún goza de fuero y espera un desafuero solicitado por el Ministerio Público. El núcleo de la acusación radica en que ProCultura no tenía la capacidad ni idoneidad para ejecutar el programa, según el Ministerio Público, que alega un ‘abuso de cargo’ por parte de Orrego. Los investigadores destacan vínculos previos entre los involucrados, incluyendo militancia política compartida y colaboraciones pasadas, y presentaron como prueba una conversación donde se menciona que Orrego llamó para apurar el proceso.
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